El legislador radical Ariel García, quien impulsó la acción de amparo que se incorporó y acumuló al fallo de la Cámara Federal de La Plata N° 4, que dictaminó la nulidad de los incrementos en el servicio de gas en todo el país, establecidos en las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía de la Nación, consideró que “el nuevo tope de 400% para esa suba sigue siendo de imposible cumplimiento por parte de los usuarios, porque no se ajusta a la realidad económica y social por la que están pasando las familias de nuestro país”.
Con respecto a esta nueva decisión del Gobierno, el parlamentario radical aconsejó que “el gobierno nacional debe reflexionar y comprender que el País no se termina en la General Paz y en Tucumán las tarifas son más elevadas que en la ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Agregó que “se sigue incumpliendo con la realización de las audiencias públicas, dejando afuera al usuario, que es pieza clave y fundamental en la discusión de las tarifas. Se le aplican de manera arbitraria estos incrementos atropellando los derechos que como ciudadanos y consumidores le asisten, que están garantizados en la legislación vigente”.
En relación a la suba del servicio, explicó que “no negamos que deba haber un reajuste en las tarifas, pero éste debe ser gradual y ajustado a la realidad. Las empresas que brindan el servicio, por otra parte, no pueden hacer del proverbio: a río revuelto, ganancia de pescadores, su modo de accionar con el bolsillo de los usuarios porque no pueden desequilibrar de esa manera la economía familiar”.
Por último, el vicepresidente 2° del Poder Legislativo Ariel García sostuvo que “un ejemplo de lo señalado es el caso de una señora que vive en la calle Olleros al 1600, que fue por el stand de los Jóvenes Boina Blanca, en la peatonal Muñecas esquina Mendoza, en donde estos militantes informan sobre la tarifa social, y comunicó que le llegó una deuda de 11 mil pesos en la factura del gas y que, cuando acudió a Gasnor, le dijeron que tenía que pagar o le cortaban el servicio. Tuvo que sacar un crédito para afrontar este abuso. Es lo que no se puede hacer con la gente, porque los estamos llevando a comprometer su patrimonio para el pago de un servicio. ¿Qué podemos esperar de las otras obligaciones que tiene cada familia tucumana y argentina?”, se preguntó García quien subrayó que “no se puede ser representante del pueblo si no se sabe interpretar esas preocupaciones cotidianas con las que el pueblo tiene que convivir. No se puede decir alegremente que se deben pagar esas boletas si sus derechos no están resguardados y mucho menos si vivís dentro de un Country”.

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